Quien desee actuar o comprender la sociedad política siempre usa determinados elementos de análisis, conceptos o categorías que permitan conocer el campo e identificar a los diferentes actores.

No es un ejercicio nuevo: desde el final de la antigua República romana sabemos de populares y optimates que, como corrientes políticas predominantes, repetían diferentes objetivos y tenían distintas visiones y valores acerca de la sociedad política, su contenido y su sentido. Las instituciones reflejan esos conflictos; constituciones y leyes son modos de resolverlos de esos conflictos, en un sentido o en otro.

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“Cicerón denuncia a Catilina”, fresco de Cesare Maccari, o cómo se veía el Senado romano desde 1889.

 

Esta necesaria clasificación (que a veces puede caer en desatinadas simplificaciones), también se encuentra en la raíz de complejas teorías políticas, como el marxismo, que encuentra en la opresión que ejerce la burguesía (dueños del capital) al proletariado (dueños de su fuerza de trabajo) la expresión de la lucha de clases que estructura el campo político.

De un modo más convencional, los sistemas políticos europeos tienden a diferenciar posiciones de izquierda o de derecha que heredaron de la resolución de conflictos institucionales a lo largo de su historia, a veces de manera violenta. Esa división entre izquierda y derecha fue exportada al resto del mundo, con suerte diversa.

En la Argentina, por ejemplo, las luchas por la independencia primero, la organización nacional después, la lucha por el sufragio y la conquista de los derechos sociales, para nombrar sólo algunos ejemplos, desdibujaron muchas veces el esquema europeo. Tanto, que durante mucho tiempo los partidos de masas no eran socialistas o conservadores, sino radicales y peronistas.

Arriesguemos a pensar que la divisoria de aguas no comprendía sólo la cuestión social (en términos de distribución del excedente económico) que primaba en Europa, sino la cuestión nacional, acerca de una construcción institucional soberana (como instrumento de captación y direccionamiento de ese excedente económico).

Por el contrario, quienes perciben una baja sensible en el debate, así como un empobrecimiento del contenido simbólico de la sociedad política, sostienen que cuestiones de justicia social o de soberanía política pasan a segundo plano debido a la irrupción de otros conceptos.

Así, el campo actual de la sociedad política parece depender más de la aparente transparencia o presumida opacidad en la toma de decisiones que en el sentido de la decisión misma y de sus efectos. Según sea la proclamada honestidad o acusada deshonestidad que motive a la evaluación de cada acción política, este esquema hace que los definidos como honestos sólo pueden hacer las cosas bien, y cualquier acto de los señalados como deshonestos sea mala. Toda acción definida como opaca y deshonesta sólo puede ser populista y debe desaparecer; porque todo populismo aparece opaco y corrupto.

Esta composición de escenario olvida que el contrario de populismo es elitismo, por más honesto y transparente que sea (o parezca). Esta nueva y propagada división, no ya entre ricos y pobres, reaccionarios o progresistas, liberales o nacionales (para simplificar…) es entre buenos y malos.

Si mudos quedan siglos de ciencia política, de experiencias históricas, también es grave que se presida la toma de decisiones en base a categorías que no rinden cuenta de la realidad, siempre compleja y terca. Esa visión parece ser, más bien, una versión para colorear de aquello de Carl Schmitt sobre “amigos y enemigos”.